La Comisión Europea ha publicado el documento Omnibús para simplificar la normativa sobre sostenibilidad. La Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas que reducirán la burocracia y simplificarán las normas de la UE para los ciudadanos y las empresas. En la reciente Brújula de la Competitividad, la Comisión expone su visión para hacer más próspera y competitiva la economía de la UE, basándose en las recomendaciones del informe Draghi. 

Para recuperar la competitividad y desencadenar el crecimiento, la UE debe fomentar un entorno empresarial favorable y garantizar que las empresas puedan prosperar. 

El primer paquete de medidas de simplificación, denominado ómnibus, pretende lograr este objetivo. Las medidas centrarán las obligaciones de información sobre sostenibilidad en las empresas más grandes, que son las que tienen más probabilidades de tener mayores repercusiones en las personas y el medio ambiente, y se asegurarán de que no supongan una carga para las empresas más pequeñas. 

Si se adoptan y aplican tal como se han presentado hoy, se calcula de forma conservadora que las propuestas supondrán un ahorro total en costes administrativos anuales de unos 6.300 millones de euros y movilizarán una capacidad de inversión pública y privada adicional de 50.000 millones de euros para apoyar las prioridades políticas.

Este primer paquete incluye medidas para: 

• Hacer más accesibles y eficientes los informes de sostenibilidad  
• Simplificar la diligencia debida para apoyar las prácticas empresariales responsables.  
• Reforzar el mecanismo de ajuste en la frontera del carbono para un comercio más justo.  
• Desbloquear oportunidades en los programas de inversión europeos. 

Las propuestas se presentarán ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su examen y adopción.

En su programa de trabajo para 2025, la Comisión anunció una serie de medidas para hacer frente a normas solapadas, innecesarias o desproporcionadas que crean barreras para las empresas de la UE. En conjunto, con estas medidas, la Comisión quiere reducir las cargas administrativas en un 25%, y en un 35% para las pequeñas y medianas empresas, al final de su mandato en 2029.

Estas medidas modifican diferentes normativas de sostenibilidad empresarial de la Unión Europea. Sin embargo,  el Parlamento y el Consejo Europeo deben ponerse de acuerdo sobre la versión final del documento. 

En España, la CEOE ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y a los comisarios concernidos, para reiterar el apoyo empresarial al ejercicio de simplificación normativa emprendido por la UE, que es fundamental para mejorar la competitividad de las empresas.

A continuación resumimos las principales medidas contempladas:

Respecto a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD):

• Se reduce alrededor del 80% de las empresas del ámbito de aplicación de la CSRD, centrando las obligaciones de información sobre sostenibilidad en las empresas más grandes. Sólo quedarán sujetas a la normativas las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de volumen de negocio, lo que excluye a muchas empresas cubiertas anteriormente.
•  Aplazados dos años (hasta 2028) los requisitos de información para las empresas que actualmente entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre responsabilidad social de las empresas y que deben informar a partir de 2026 o 2027.
• Modificados los Estándares de Reporte de Sostenibilidad Empresarial (ESRS) y no habrá informes de sostenibilidad obligatorios para las pymes que cotizan en bolsa.
• No habrá nuevos requisitos sectoriales en 2026.
• Las empresas no pertenecientes a la UE deben cumplir la CSRD si generan ingresos superiores a 450 millones de euros en la UE (frente a 150 millones de euros).

Respecto a la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CS3D):

• Se produce el aplazamiento de la aplicación de los requisitos de diligencia debida en materia de sostenibilidad para las empresas más grandes en un año (hasta el 26 de julio de 2028), al tiempo que se adelanta la adopción de las directrices en un año (hasta julio de 2026).
• Legalmente se restringe a los Estados miembros de la UE la introducción de normas más estrictas para hacer frente a los impactos en derechos humanos por parte de las empresas.
• Se suprime la responsabilidad civil de las compañías en toda la UE.
• Eliminado el régimen de diligencia debida para las instituciones financieras.
• Respecto a los grupos de interés, solo será necesario implicar a los trabajadores, las comunidades directas y las personas afectadas.
• El proceso de diligencia debida solo tendrá que actualizarse cada 5 años.
• Retirada la obligación de realizar un plan de transición climática.
• Limitada la obligación de poner fin a las relaciones comerciales cuando haya un impacto en derechos humanos por parte de compañía con la que se mantenga una relación comercial.

A partir de este momento las propuestas se presentarán al Parlamento y al Consejo para su adopción. Los cambios normativos entrarán en vigor una vez que haya acuerdo y tras su publicación en el DOUE.

De momento el documento está disponible en la web de la Comisión Europea: ENLACE.

Más información:

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• Nota de prensa de la Comisión Europea: INFORMACIÓN